Predicar con el ejemplo y certeza jurídica

Desirée Soulodre

Las industrias más afectadas con esta pandemia, sin duda, son el turismo, los restaurantes y el entretenimiento, entre los que se cuentan los casinos de juego. Estos establecimientos están cerrados desde el pasado 18 de marzo, y luego de que finalicen los períodos de cuarentena seguramente serán los últimos en abrir y tendrán, además, que hacer significativas inversiones para garantizar las normas sanitarias y de distanciamiento. La propia superintendente de Casinos de Juegos manifestó que dicha industria demorará, entre dos a cuatro años en recuperar sus niveles de ingresos pre Covid-19.

En este contexto es imperativo que todo gobierno, como lo han hecho en prácticamente todos los países del mundo, resguarde al sector.

Sin embargo, sorprendente e incomprensiblemente y en medio de la pandemia, el Gobierno decidió obviar que para la renovación de las licencias los casinos tienen un derecho preferente garantizado por ley y protegido por la Constitución, y decidió llamar a las licitaciones no respetando la legalidad.

La ley del año 2005 que creó los nuevos casinos permitió grandes inversiones en infraestructura turística en regiones, y como contrapartida estableció que, al término de sus 15 años de permiso, tendrían un derecho preferente en la siguiente licitación. Posteriormente, el año 2015, esa ley se modificó para incorporar al nuevo régimen a todos los casinos municipales y cambiar la forma de licitar, pero esa reforma tuvo el cuidado de respetar las reglas del juego y reiteró, en forma expresa y clara, que para todos los permisos otorgados por el Estado de Chile antes del 2015, ese derecho preferente se mantenía y la forma de licitar también.

La superintendenta, obviando esa ley, interpreta que para poder licitar debe hacer que todos los oferentes compitan con la misma regla lo que parece obvio, pero lo que resulta ilógico es que para cumplir con ese indiscutible fundamento, decida que todos, tanto los antiguos como los nuevos oferentes, compitan con la nueva ley del 2015 y borra con el codo el derecho preferente garantizado por la Constitución. Si lo que desea es que todos compitan con igual procedimiento entonces, cumpliendo con la Ley, debe hacerlos competir a todos con la Ley del 2005. No con la del 2015, así de simple.

Hace pocos días en un comunicado, el Tribunal Constitucional señaló que "respetar la Constitución no es solo función de un Tribunal, sino que es la obra colectiva de convivencia sobre la cual construimos un Chile mejor." En este mismo sentido el Gobierno está solicitando al Congreso, que actúe conforme a la Constitución.

Predicar con el ejemplo sería una buena señal para los chilenos. Por lo tanto, esperamos que se respete la Ley de Casinos, en su espíritu y letra.